martes, 28 de junio de 2016

COMUNICADO DE LA MESA AMBIENTAL NACIONAL ANTE EL PROYECTO ARCO MINERO DEL ORINOCO

Se anexa Comunicado de la Mesa Ambiental Nacional ante el Megaproyecto Arco Minero del Orinoco. Se agradece su divulgación

COMUNICADO DE LA MESA AMBIENTAL NACIONAL
ANTE EL PROYECTO ARCO MINERO DEL ORINOCO  

La Mesa Ambiental Nacional de entes regionales, municipales y especialistas se une a los comunicados emitidos por diferentes organizaciones de la sociedad civil, instituciones universitarias, academias, personalidades y recientemente por la Asamblea Nacional de Venezuela que rechazan el Decreto N°. 2.248, con fecha 24 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.855.

Es de hace notar que entre las organizaciones y personas que han manifestado su desacuerdo a la ejecución de este Macroproyecto se incluyen militantes del partido de gobierno, lo que demuestra que el rechazo a su ejecución es independiente de cualquier condición política, ya que esta en juego el futuro del país. La Mesa Ambiental Nacional ratifica esos señalamientos sobre las consecuencias del Macroproyecto Arco del Orinoco y  destaca su inconstitucionalidad e ilegalidad por cuanto viola numerosos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y de la normativa ambiental vigente.

Este Decreto, estaría afectando una superficie de 111.846,70 kilómetros cuadrados, denominada Zona Estratégica Minera Arco Minero del Orinoco, que representa aprox. 12% del territorio nacional, donde se ubican importantes Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, que poseen protección constitucional en los artículos 127, 128, 129, 304 y 327 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Penal del Ambiente y sus normas técnicas, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley de Aguas, la Ley de Zonas Costeras, la Ley de Bosques, la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y algunos convenios y declaraciones internacionales suscritos y ratificados por la República.

Este Macroproyecto no cuenta con la debida consulta y autorización de la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 y 187 numeral 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decisión que representa una amenaza a la Soberanía Nacional, al pretender otorgar ilegalmente concesiones o contratos de interés público nacional a múltiples empresas de varios países. Tampoco cuenta con estudios de impacto ambiental y socio cultural contemplado en el art. 129 de la CRBV que obliga a “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañados de EIASC y adicionalmente, la falta de autorización de la Asamblea Nacional anularía los contratos suscritos con empresas extranjeras.

Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la CRBV, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución y en el Objetivo Histórico Nº 5 del Plan de la Patria 2013-2019 también Ley de la República; viola derechos humanos y ambientales, afecta de manera irreversible los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, deroga de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende ser implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente. También deja sin efecto las normas vigentes que regulan la conservación y el aprovechamiento sostenible de espacios protegidos, establecidas mediante Decreto.

La Mesa Ambiental Nacional hace un llamado  al Poder Ejecutivo Nacional al respeto de las normas constitucionales y legales vigentes y de manera especial tener en consideración las normas legales que se citan a continuación:
·  Decreto Nº 3.091 del 09-12-1998, contentivo de las Normas Técnicas para el Control de la Afectación del Ambiente Asociada al Aprovechamiento de Oro y Diamante en el estado Bolívar y en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro.
·  Decreto N° 269 del 07-06-1989, mediante el cual se ordena suspender cualquier actividad minera en el estado Amazonas.
·  Decreto Nº 2219 del 23-04-1992 sobre Normas para Regular la Afectación de los Recursos Naturales Renovables Asociada a la Exploración y Extracción de Minerales.
Es necesario tener presente que la Ley Penal del Ambiente tipifica como delitos ambientales, entre otros: la degradación de los habitas de especies de fauna y flora, así como la ocupación ilícita en áreas protegidas, la contaminación del suelo y el agua, la deforestación y otras actividades que sean contrarias a los planes de ordenación del Territorio. Este llamado al Poder Ejecutivo Nacional es también un exhorto a que ejerza sus competencias en el control de la minería ilegal que se está practicando en las áreas protegidas de los estados Amazonas y Bolívar, con la pérdida del patrimonio ambiental que justificó su creación.

“ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMPUS SOSTENIBLE”

Conferencia
“ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMPUS SOSTENIBLE”
Dr. Arq. Alfredo Cilento – UCV

Jueves 30 de junio, 10:00 am 
Lugar: Salón de Postgrado, piso 1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UCV

Resumen
A partir de las premisas que sustentan la idea de una Economía Circular y de lo planteado
​por el Dr. Cilento​ 
en
​ su
 artículo “Sostenibilidad Urbana. El caso de las ciudades venezolanas”. Portafolio. Vol. 1 N° 21, 2010: 28-37, se plantean estrategias dirigidas a la transformación a mediano plazo de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC) Patrimonio de la Humanidad en Patrimonio Sostenible de la Humanidad.  Diseñar los procesos de manera que sean restaurativos de ecosistemas, innovadores e impactantes para la sociedad, es el objetivo que se persigue con el planteamiento de una nueva economía, que supere el carácter lineal para soportar un funcionamiento circular. La nueva economía circular  está basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, con la premisa de que todos los materiales pueden ser usados y reutilizados no dos o tres, sino muchas veces; y que lo que uno no utiliza bien puede servirle a otro, ya sea como materia prima, uso directo, reforma, restauración o reciclaje. No se trata de cerrar los bucles sólo por el hecho en sí, es necesario tener en cuenta el impacto social y ambiental de las acciones y los mecanismos de educación, información y difusión de conocimientos que permitan transformar los nuevos planteamientos en acciones cotidianas de la comunidad. La CUC puede convertirse en un laboratorio vivo del proceso de su transformación en campus sostenible; y la UCV en institución no solo diseminadora de conocimientos, sino de la experiencia de recuperación y transformación del campus en hito de la sostenibilidad en todas sus dimensiones. Pero esto requiere mucho trabajo, recursos y, especialmente, voluntad para vencer los obstáculos. Ese es el reto, pues no es suficiente hablar o escribir sobre la materia.

Alfredo Cilento Sarli
Arquitecto, UCV-1957. Profesor Titular cofundador del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Construcción. IDEC-UCV. Doctor Honoris Causa de la Universidad Central de Venezuela, UCV. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo-UCV (1984-1987). Más de 130 libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas y técnicas nacionales e internacionales.

Contacto:
Email: ucvcampussustentable@gmail.com Twitter: @ucvsustentable

​Entrada libre. ​CUPO LIMITADO. Favor confirmar su asistencia  
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