martes, 4 de julio de 2017

Carencias ambientales, exceso de Constitución.

Por: Alejandro Luy (Portal de desarrollo sustentable)

Los problemas ambientales de Venezuela son bien conocidos por los técnicos del área, y padecidos de manera directa o indirecta por la mayoría de los venezolanos, no importa si habitan en una urbanización del Área Metropolitana de Caracas, en Margarita o San Fernando de Apure.  Temas vinculados al agua, la “basura”, la deforestación o modificación de áreas boscosas, la contaminación de las aguas y del aire, el cambio climático y los riesgos socio-naturales asociados, engloban de manera genérica los retos ambientales de hoy.
Para la atención, disminución o solución de esos problemas es necesario en primer lugar vencer una profunda carencia que es común en diversas áreas de nuestra sociedad tales como la agricultura o la salud.  Esa carencia no es otra que la de datos precisos y confiables.  ¿Cuál es la tasa de deforestación de Venezuela; cuánta agua residual de origen doméstico es tratada antes de verterse en cuerpos de aguas naturales; cuál es la calidad del agua que consumimos; cuánto CO2 produce Venezuela; cuánta basura generamos, cuánto se recicla, cuánto se recoge, cuánto llega a los botaderos de basura?
Al tratar de responder esas y muchas otras preguntas en la actualidad encontramos varias opciones que van desde la falta total de datos, la existencia de información sólida pero de hace 20 años atrás, una cifra de un organismo oficial sacada de un sombrero de mago (nadie sabe de dónde surgió), cifras “huérfanas de autor” en internet o, en el mejor de los casos, una estimación realizada por profesionales.
Es claro que si el diagnóstico está errado, la solución es inútil.  Por tanto, en esencia, ninguna de las anteriores fuentes de datos da certeza para proceder a desarrollar las soluciones necesarias para evitar nuestro deterioro ambiental y garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos.  Algunas ayudan más que otras, pero está lejos del deber ser.
Esa primera carencia está asociada a una segunda y es la falta de institucionalidad en términos de que los organismos del Ejecutivo solos o asociados a centros de investigación se concentren en la ejecución de una de sus tareas como es el monitoreo de indicadores ambientales y los comuniquen ampliamente para diseñar y ejecutar planes que busquen la solución a las causas del deterioro.  En los últimos tiempos la gestión ambiental gubernamental ha estado guiada por grandes declaraciones y ofertas, junto a escasa acción cuyos efectos son magnificados en sus alcances, tal como ha ocurrido con la Misión Árbol, que pasó de un programa educativo muy valioso a ser la respuesta contra la deforestación y el cambio climático, aunque sus resultados solo se expresan en términos de árboles plantados.
Contrariamente a esas carencias, si hay algo que abunda en el país para la atención del ambiente y su incidencia en la población es legislación; desde la Constitución hasta un amplio – muy amplio pensarán algunos – conjunto de leyes ordinarias se establece el marco jurídico suficiente y necesario para la Venezuela del Siglo XXI.  Esas leyes establecen acciones concretas que el Ejecutivo Nacional debe ejecutar en un plazo determinado, y que en muchos casos no ha realizado.  Dos ejemplos: la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 establece que en dos años debe haber sido formulado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y seis años más tarda aun es tarea pendiente; la Ley de Gestión Integral de la Basura de 2010 obliga al gobierno la realización del Plan de Gestión Integral Nacional, y aun nada.  Nuevamente la carencia de institucionalidad y acción se hace presente.
Ignorando estos hechos, caminando entre la irresponsabilidad y la ingenuidad, andan ambientalistas “ecosocialistas” ofreciendo maravillas dentro de una nueva Constitución obviando que – como ha dicho la propia presidente del CNE – la Asamblea Nacional Constituyente “no es una propuesta para resolver asuntos económicos o de otra índole…”.  El ambiente entra en esa “otra índole”.
Se engañan ellos (o quizás no) y engañan a otros que, viendo la situación actual del país, legítimamente están preocupados por el ambiente aunque en su análisis termine culpando al capitalismo de todos nuestros males y no al Ejecutivo Nacional.
Como acertadamente lo señalaron en un comunicado 55 organizaciones ambientales y de derechos humanos y 162 personas, no se necesita una nueva Constitución sino aplicar la vigente, junto a las leyes que en el marco de ella se han aprobado para garantizar la calidad de vida de los venezolanos.
Necesitamos datos, respuestas institucionales, el cumplimiento de la legislación y grandes alianzas para atender los problemas reales.  No una nueva constitución.


Alejandro Luy
26 de junio de 2017

martes, 16 de mayo de 2017

ONG exigen reparación de daños causados por derrame en Trinidad y Tobago





Por: Gilberto Carreño, VITALIS
Sesenta y una Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas Vitalis, emitieron este lunes un pronunciamiento de condena y exigencia de resarcimiento de daños,  en relación con el más reciente derrame petrolero registrado en aguas marítimas de Trinidad y Tobago que está afectando las costas orientales de Venezuela, especialmente de los estados Nueva Esparta y Sucre, donde se reporta la muerte de un número no determinado de tortugas.
Entre las playas afectadas por el derrame registrado el pasado 23 de abril y que continúa propagándose por las costas venezolanas, se mencionan: La Caracola, Valdez, El Angel, Punta Ballena, Las Marites, El Agua, Parguito y Guacuco, además de las correspondientes a las islas de Coche y Cubagua, en el estado Nueva Esparta;  las de Güiria, Paria, Isla de Patos, Bahía del Morro de Puerto Santo y Cipara, en el estado Sucre: y de los archipiélagos de  Los Frailes y Los Roques, en las dependencias federales venezolanas.
Según lo informó el biólogo Diego Díaz Martín, presidente de VITALIS, en el documento se denuncia “la gravedad del daño ambiental” causado y se exige, tanto al Gobierno de Trinidad y Tobago como de la empresa Petrorin, causante del desastre, asumir las responsabilidades que les corresponden en el tiempo más perentorio.
Al mismo tiempo, indicó el vocero, se exhorta al Comité de Zona Costera de Nueva Esparta a que investigue a profundidad sobre el alcance de la contaminación por petróleo presente en las áreas marítimas y playas afectadas, e  instan al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su  Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de las Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo y a todos los entes competentes a que garanticen, tanto la preservación de la calidad del agua como la vida de la flora y la fauna de las costas que aún continúan recibiendo parte del petróleo. Todo ello, además de las gestiones de carácter diplomática para hacer valer los derechos del país ante tan lamentable acontecimiento.
Indicó el líder de VITALIS que la situación es tan grave, que ya el hidrocarburo ha llegado al menos a tres parques nacionales de Venezuela: Península de Paria,Turuepano y Archipièlago de Los Roques. “La toxicidad del petróleo es ampliamente conocida, por lo que si no se toman medidas urgentes, las consecuencias serán irreversibles”, agregó Díaz Martín.
También solicitan las ONG firmantes, que se convoque a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el área ambientalista para aportar alternativas de solución al problema y contribuir con la contingencia y apoyo con otros actores claves.
#LupaAmbientalVE

@ONGVitalis
Mas Informacion: https://en.wikipedia.org/wiki/Petrotrin_oil_spill

domingo, 2 de abril de 2017

Arco Minero del Orinoco: una alarma que activa al país


Publicado el  , por Vitalis en la categoría
Notas de PrensaObservatorio Ambiental de Venezuela: Notas de prensa y entrevistas.
La protesta crece, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada,
Gilberto Carreño / Periodista ambiental (Especial del Observatorio Ambiental de Venezuela).
Desde la región geológica catalogada entre las más antiguas en el proceso de formación de La Tierra con las características que hoy conocemos, surge un grito convertido en alarma nacional ante las amenazas que se ciernen sobre un ecosistema del que depende la vida de sus habitantes y la calidad ambiental del país y del propio planeta.
La Guayana venezolana, conformada principalmente por los estados Amazonas y Bolívar, integra lo que es conocida como el Macizo Guayanés en una extensión estimada en más de 430 mil kilómetros cuadrados. En una combinación de maravillas geológicas y de selva tropical únicas  y más extensas del planeta, como los tepuyes y el área que abarca a la cuenca del río Amazonas compartida con otros ocho países de América del Sur, han constituido la fuente principal de riqueza para ese mundo bajo el predominio del desarrollo tradicional basado en la irracional explotación de los recursos de la Naturaleza.
De allí que, siguiendo con una vieja práctica de entrega territorial de los productos mineros de la región, una nueva amenaza contra la calidad de vida sus habitantes hace su aparición el 24 de febrero de 2016, cuando a través del Decreto Presidencial Nº 2.248, se crea lo que comenzó a denominarse “Zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco”, concebida por el Gobierno nacional como “una oportunidad clave para contribuir con el desarrollo económico productivo y social de la nación, salir del rentismo petrolero y lograr un sistema productivo diversificado e integral”.
En la determinación del área de afectación se establece una extensión de 111.000 Km2, equivalente al 46% del estado Bolívar, donde se ubica geográficamente, y abarca a 10 de los 11 municipios de esta entidad, afectando prácticamente a toda su población, predominantemente a los pueblos indígenas que los ocupan desde tiempos ancestrales, pese a ser teóricamente beneficiario su territorio de figuras de Áreas de Régimen de Áreas de Administración Especial (ABRAE), bajo modalidades de reserva de biósfera, reservas forestales, parques nacionales y zonas protectoras de cuencas, entre otras.
Indígenas activan la alarma
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