Carencias ambientales, exceso de Constitución.

Por: Alejandro Luy (Portal de desarrollo sustentable)

Los problemas ambientales de Venezuela son bien conocidos por los técnicos del área, y padecidos de manera directa o indirecta por la mayoría de los venezolanos, no importa si habitan en una urbanización del Área Metropolitana de Caracas, en Margarita o San Fernando de Apure.  Temas vinculados al agua, la “basura”, la deforestación o modificación de áreas boscosas, la contaminación de las aguas y del aire, el cambio climático y los riesgos socio-naturales asociados, engloban de manera genérica los retos ambientales de hoy.

Para la atención, disminución o solución de esos problemas es necesario en primer lugar vencer una profunda carencia que es común en diversas áreas de nuestra sociedad tales como la agricultura o la salud.  Esa carencia no es otra que la de datos precisos y confiables.  ¿Cuál es la tasa de deforestación de Venezuela; cuánta agua residual de origen doméstico es tratada antes de verterse en cuerpos de aguas naturales; cuál es la calidad del agua que consumimos; cuánto CO2 produce Venezuela; cuánta basura generamos, cuánto se recicla, cuánto se recoge, cuánto llega a los botaderos de basura?

Al tratar de responder esas y muchas otras preguntas en la actualidad encontramos varias opciones que van desde la falta total de datos, la existencia de información sólida pero de hace 20 años atrás, una cifra de un organismo oficial sacada de un sombrero de mago (nadie sabe de dónde surgió), cifras “huérfanas de autor” en internet o, en el mejor de los casos, una estimación realizada por profesionales.

Es claro que si el diagnóstico está errado, la solución es inútil.  Por tanto, en esencia, ninguna de las anteriores fuentes de datos da certeza para proceder a desarrollar las soluciones necesarias para evitar nuestro deterioro ambiental y garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos.  Algunas ayudan más que otras, pero está lejos del deber ser.

Esa primera carencia está asociada a una segunda y es la falta de institucionalidad en términos de que los organismos del Ejecutivo solos o asociados a centros de investigación se concentren en la ejecución de una de sus tareas como es el monitoreo de indicadores ambientales y los comuniquen ampliamente para diseñar y ejecutar planes que busquen la solución a las causas del deterioro.  En los últimos tiempos la gestión ambiental gubernamental ha estado guiada por grandes declaraciones y ofertas, junto a escasa acción cuyos efectos son magnificados en sus alcances, tal como ha ocurrido con la Misión Árbol, que pasó de un programa educativo muy valioso a ser la respuesta contra la deforestación y el cambio climático, aunque sus resultados solo se expresan en términos de árboles plantados.

Contrariamente a esas carencias, si hay algo que abunda en el país para la atención del ambiente y su incidencia en la población es legislación; desde la Constitución hasta un amplio – muy amplio pensarán algunos – conjunto de leyes ordinarias se establece el marco jurídico suficiente y necesario para la Venezuela del Siglo XXI.  Esas leyes establecen acciones concretas que el Ejecutivo Nacional debe ejecutar en un plazo determinado, y que en muchos casos no ha realizado.  Dos ejemplos: la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 establece que en dos años debe haber sido formulado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y seis años más tarda aun es tarea pendiente; la Ley de Gestión Integral de la Basura de 2010 obliga al gobierno la realización del Plan de Gestión Integral Nacional, y aun nada.  Nuevamente la carencia de institucionalidad y acción se hace presente.

Ignorando estos hechos, caminando entre la irresponsabilidad y la ingenuidad, andan ambientalistas “ecosocialistas” ofreciendo maravillas dentro de una nueva Constitución obviando que – como ha dicho la propia presidente del CNE – la Asamblea Nacional Constituyente “no es una propuesta para resolver asuntos económicos o de otra índole…”.  El ambiente entra en esa “otra índole”.

Se engañan ellos (o quizás no) y engañan a otros que, viendo la situación actual del país, legítimamente están preocupados por el ambiente aunque en su análisis termine culpando al capitalismo de todos nuestros males y no al Ejecutivo Nacional.

Como acertadamente lo señalaron en un comunicado 55 organizaciones ambientales y de derechos humanos y 162 personas, no se necesita una nueva Constitución sino aplicar la vigente, junto a las leyes que en el marco de ella se han aprobado para garantizar la calidad de vida de los venezolanos.

Necesitamos datos, respuestas institucionales, el cumplimiento de la legislación y grandes alianzas para atender los problemas reales.  No una nueva constitución.

Alejandro Luy

26 de junio de 2017